Mendoza aprobó una polémica reforma a la ley minera

Con protestas de grupos ambientalistas en defensa del agua, cortes de rutas productivas y vallas rodeando el edificio, la Legislatura de Mendoza modificó la ley que prohibía la minería metalífera y abrió la puerta a inversiones de cobre, plata y oro.
Desde hace más de una década, buena parte de la población mendocina ha marchado a favor del agua y en contra de una ley prominera. El resguardo era la Ley 7.722, sancionada en junio de 2007, durante el gobierno del radical Julio Cobos, que prohibía todo tipo de minería metalífera. Ahora, se permitirá el uso del cianuro y el ácido sulfúrico y sólo queda prohibido el mercurio.
La modificación se logró con el consenso entre los dos partidos políticos dominantes, el gobernante UCR y el PJ, principal opositor. Pesó también el reclamo de cámaras empresarias e industriales y el aumento del desempleo en la provincia cuyana, casi del 10%. El nuevo gobernador, el radical Rodolfo Suárez (sucesor de Alfredo Cornejo) ve en la minería una fuente de ingresos públicos y creación de empleo.
Como era de prever, la ley ha provocado protestas de grupos ambientalistas, gremios y, de forma más masiva, en los municipios del Valle de Uco (en especial San Carlos), que resiste este cambio en defensa del agua, escasa en una provincia semidesértica.
Unas 2.000 personas se manifestaron fuera de la Legislatura, en la Plaza Independencia, gritando “asesinos” a los legisladores que votaron a favor y cantando el Himno Nacional. Una vez aprobada la norma, los manifestantes se trasladaron al nudo vial de ingreso a la ciudad de Mendoza, que permanece bloqueado al igual que otros ocho cortes de ruta. Los ambientalistas también anticiparon que presentarán una demanda de inconstitucionalidad de esta ley.
Por 29 votos afirmativos y 7 negativos, el Senado de Mendoza aprobó este mediodía, en sesión especial, la reforma. Por la tarde, fueron 36 votos a favor y 11 en contra en Diputados, convirtiendo la norma en ley. El subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, explicó que la norma sancionada estará regulada por el Plan de Ordenamiento Territorial y que se realizará un análisis de impacto ambiental a nivel provincial y municipal en cada proyecto minero.
El proyecto de reforma de la ley 7.722 había contado con el respaldo del propio presidente Alberto Fernández, quien esta semana se reunió con Suárez. A tono con esa empatía entre adversarios políticos, el jefe del bloque de Cambia Mendoza, Alejandro Diumenjo, habló de diálogo. “Tenemos que trabajar juntos por el bien común”, afirmó, y destacó la “calidad institucional” de Mendoza.
El senador de la UCR Marcelo Rubio dijo que, por no haber modificado antes esta ley, Mendoza Mendoza ha perdido inversiones por alrededor de 5.000 millones de dólares y unos 5.000 puestos de trabajo. Detalló que que de los proyectos mineros que se pueden desarrollar, el 70% están en la comuna de Malargüe, el 25% en San Rafael y el 5% en Valle de Uco y Las Heras.
“Rechazamos esta ley que deja desprotegida a Mendoza”, dijo Mario Vadillo, diputado del partido de los consumidores Protectora, uno de los que votó en contra. Y aseguró que cualquier accidente que provoque un derrame de ácido sulfúrico o cianuro terminará “en los cauces de los ríos o las napas subterráneas, como ha ocurrido en Veladero y en otros lugares del mundo”. Lo vivimos con una gran desilusión. Jorge Difonso, diputado del Valle de Uco, una de las principales zonas vitivinícolas de Mendoza y del país, dijo que la Legislatura “retrocedió 12 años en el cuidado del ambiente y la protección del agua” y que esta ley tiene rasgos inconstitucionales por lo que “esto no va a terminar acá”. “Cada vez hay más problemas para obtener agua para consumo humano y de riego agrícola. Estamos de acuerdo con el desarrollo económico pero tiene que ser sustentable”, afirmó.
Para Julio Totero, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, una de las entidades empresariales que viene reclamando hace una década la reforma de la ley, en cambio es “un gran paso hacia el desarrollo de la provincia, la ampliación de la matriz productiva y la generación de empleo”. Torero estimó que con los cinco proyectos que tienen más viabilidad de avanzar en el corto plazo, básicamente de plata y cobre, se generarán sólo en el sector metalúrgico “más de 3.000 puestos de trabajo” en la construcción y operación, más el derrame en otros sectores.

20/12/2019

Fuente: Clarín

2020-01-07T15:56:25+00:00